La reciente promulgación de la reforma del Código Procesal Penal de Salta y la reforma de la ley orgánica de la Policía provincial implican un retroceso grave del Estado de Derecho y un claro avance hacia un Estado de Policía ya que facultan las detenciones policiales sin orden judicial fuera de los supuestos de flagrancia, al igual que la requisa a las personas y el registro de los automóviles sin orden judicial previa.
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